El magistrado pone sobre la mesa un debate crucial acerca de la sostenibilidad y el control de los servicios públicos en la ciudad autónoma. En sus declaraciones, incide en la necesidad de comprobar de forma estricta quién reúne los requisitos legales para acceder a la sanidad pública financiada por todos, así como de esclarecer si se están emitiendo las facturas correspondientes a los pacientes que no cumplen dichos criterios de gratuidad. Una llamada a la responsabilidad y al rigor en la administración de los fondos que sustentan el Estado del bienestar. Fuente: ESdiario #Ceuta #SanidadPública #GestiónPública #ActualidadPolítica
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