En vísperas de las elecciones de medio término en 2026, la integridad de nuestros procesos democráticos enfrenta serias amenazas. La administración Trump ha llevado a cabo intentos de manipular la situación electoral a través de órdenes ejecutivas y la presión sobre funcionarios electorales. Es esencial que estos profesionales se mantengan firmes y se nieguen a obedecer instrucciones ilegales. La Constitución claramente distribuye el poder electoral entre los estados y el Congreso, no al presidente. Recientemente, el Departamento de Justicia ha tratado de bloquear la certificación de elecciones en estados como Alaska, bajo pretextos que violan derechos fundamentales. Funciones como las de los monitores electorales deben observar, pero nunca interferir. El riesgo de cooperar con acciones que violen la ley es considerable, y ya hemos visto las repercusiones tras las elecciones de 2020. Es por ello que es vital que los estadounidenses comprometidos con la democracia sigan trabajando para proteger el derecho a unas elecciones libres y justas. Fuente: The Salt Lake Tribune
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