La ley de eutanasia aprobada en 2021 no ha cumplido con sus objetivos. Los jueces y abogados han aprovechado para torpedear el espíritu de la ley y convertir una herramienta liberadora en una tortura suplementaria. Los casos de enfermos que han visto su derecho postergado por recursos y obstrucciones han puesto de manifiesto que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La intromisión de los familiares ha sido un giro de guión inexplicable que no solo violenta la propia ley, sino la razón de ser de los derechos civiles. La mayoría de edad consiste en el ejercicio pleno de la libertad ciudadana, no importa a quién ofenda o duela ese ejercicio. Si la ley no es capaz de garantizar esa libertad, no sirve para nada. Casos como el de Francesc Augé, que recibirá la eutanasia el 27 de noviembre, dos años después de lo previsto en los trámites, son el fracaso de una norma que necesita una reforma en profundidad.
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