Marcas de Restauración celebra su 30.º aniversario y aprovecha la ocasión para presentar una serie de reivindicaciones dirigidas al futuro Ejecutivo. Entre sus principales peticiones se encuentra la creación de un único punto de contacto institucional que aglutine a los distintos organismos (Consumo, Turismo, Comercio, Sostenibilidad) para evitar la dispersión actual y facilitar la defensa colectiva del sector. La asociación también denuncia la existencia de diecisiete normas autonómicas diferentes, lo que obliga a los establecimientos a operar bajo marcos regulatorios incompatibles según la comunidad. Esta fragmentación dificulta la planificación y genera incertidumbre jurídica para los empresarios. En relación a la llamada ley Rider, Marcas de Restauración sostiene que la normativa ha limitado la flexibilidad del reparto a domicilio, provocando retrasos que pueden dañar la reputación de los restaurantes, ya que los consumidores suelen culpar al establecimiento. Por ello solicita una revisión que armonice las condiciones de trabajo de los repartidores y garantice un servicio de entrega fiable. Desde el punto de vista económico, el sector reportó una facturación de 26.400 millones de euros hasta julio de 2026 y prevé cerrar el año con resultados positivos. No obstante, el aumento de los costes de materias primas, la inflación alimentaria y los gastos operativos están reduciendo los márgenes de beneficio. El precio medio del menú del día ronda ya los 17 euros, reflejando la presión sobre los consumidores. Marcas de Restauración también reclama que los supermercados que ofrecen comida preparada, conocidos como "mercaurantes", estén sujetos a las mismas exigencias legales que los restaurantes tradicionales, para mantener una competencia equilibrada. Finalmente, destaca la necesidad de adaptarse a la transformación digital, con la inteligencia artificial como herramienta para pedidos y reservas, aunque reconoce la coexistencia de clientes que aún prefieren el contacto telefónico. En síntesis, la patronal pide al próximo Gobierno que facilite un marco regulador único, mayor seguridad jurídica y una revisión de la ley Rider para proteger la competitividad y el empleo del sector. #Restauración #LeyRider #Política #Economía #SectorHostelería Fuente: Tribuna Avila
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