El sector del vending se opone al nuevo decreto de alimentación saludable en centros públicos y sociosanitarios. Los empresarios del sector alertan sobre la pérdida de 2.000 empleos y 18 millones de euros en cánones si se aplica la norma. Consideran que presenta problemas jurídicos y no tiene en cuenta el impacto en autónomos y pequeñas empresas. La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha reclamado que se corrija el real decreto y ha enviado una nota técnica con propuestas concretas para resolver las problemáticas existentes. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, considera que el real decreto es una medida importante que genera fuertes resistencias.
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