El adelanto electoral ha abierto una incógnita en la cúpula de la Guardia Civil. El director adjunto operativo, Manuel Llamas, se enfrenta a un posible cambio de Gobierno y, con él, a una renovación de los principales puestos de Interior. Llamas es investigado por el juez Santiago Pedraz por su actuación en la causa que trata de esclarecer las presuntas presiones sobre la Unidad Central Operativa. La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre abre la puerta a un eventual cambio de Ejecutivo y, con él, a una posible renovación de los principales puestos de Interior. El nuevo ministro del Interior tendrá que decidir si mantiene la actual estructura de mando o acomete cambios en los puestos de confianza de la dirección del Cuerpo. El caso de Llamas es especialmente complicado, ya que está investigado junto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en una causa en la que Pedraz trata de determinar si desde la cúpula del Instituto Armado se utilizaron las facultades disciplinarias y administrativas de la Guardia Civil para presionar o condicionar el trabajo de agentes de la UCO. Llamas declaró ante el magistrado el pasado mes de julio y negó haber ordenado a los investigadores que se 'pusieran de perfil' o que dejaran de ser proactivos en determinadas investigaciones. También defendió ante el juez que las actuaciones internas abiertas a agentes respondían a las competencias propias de la Guardia Civil y no a una estrategia para obstaculizar sus pesquisas. Su versión quedó enfrentada, sin embargo, a la de varios mandos que habían declarado previamente en la causa. Entre ellos se encuentran el general Alfonso López Malo y el entonces jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste, que atribuyeron a miembros de la cúpula de la Guardia Civil indicaciones para rebajar la iniciativa de los investigadores en asuntos con 'afectación política'. La existencia y alcance de esas supuestas instrucciones forman parte precisamente de lo que el juez está tratando de esclarecer. La causa ha colocado así en una situación inédita al máximo responsable operativo de la Guardia Civil. Llamas continúa ejerciendo sus funciones mientras figura como investigado en un procedimiento que afecta directamente al funcionamiento de una de las unidades que dependen de la estructura operativa del Cuerpo. Y esa situación adquiere una nueva dimensión con el adelanto electoral. El BOE publicó este martes el real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. Las nuevas Cámaras se constituirán el 23 de diciembre. Si de las elecciones sale un nuevo Ejecutivo, el relevo político en Interior abrirá previsiblemente una revisión de la estructura de mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que dependen del departamento. En el caso de la Guardia Civil, el DAO constituye uno de los puestos centrales de la estructura operativa del Cuerpo. La Dirección Adjunta Operativa tiene rango de subdirección general y está ocupada por un teniente general en servicio activo. Es el primer auxiliar de la Dirección General de la Guardia Civil y entre sus funciones figura planificar y coordinar la actividad de las unidades dependientes de ella de acuerdo con las directrices de la persona titular de la Dirección General. De la DAO dependen, entre otros órganos, el Estado Mayor y la Jefatura de Información. Llamas llegó al cargo en diciembre de 2023, con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Su nombramiento se produjo mediante una orden ministerial a propuesta del entonces director general de la Guardia Civil y con la conformidad del secretario de Estado de Seguridad. Por eso, aunque el resultado electoral no implica automáticamente la salida del DAO, un eventual cambio de Ejecutivo coloca su continuidad ante una nueva decisión política. #GuardiaCivil #ManuelLlamas #CambioDeGobierno #EleccionesGenerales
Ver más en News Today