El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz se enfrenta a un gran desafío. 45 inspectores de Trabajo que han superado la oposición y completado su formación siguen esperando su incorporación. El problema es un concurso de traslados que bloquea la asignación de destinos. El gasto acumulado ya supera los 600.000 euros. La demora tiene consecuencias económicas para las arcas públicas. El Ministerio de Trabajo sostiene que se trata del procedimiento habitual, pero la realidad es que la demora está causando problemas. La incorporación de los nuevos inspectores depende del cierre previo del concurso de traslados de los funcionarios que ya están en activo. Este procedimiento administrativo mantiene bloqueada la asignación de destinos y prolonga la espera de una promoción que ya ha superado las pruebas selectivas y completado su formación. El Ministerio de Trabajo defiende que la resolución de este asunto corresponde a Función Pública, departamento dirigido por Óscar López, al que atribuye la competencia sobre los trámites pendientes. La demora tiene también consecuencias económicas para las arcas públicas. Con un coste mensual superior a los 50.000 euros, el gasto acumulado desde septiembre del año pasado supera los 600.000 euros. Entre los escenarios que se contemplan figura que la incorporación no se produzca hasta marzo de 2027, lo que elevaría el gasto acumulado por encima del millón de euros.
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