En una pequeña empresa, dos jóvenes empleadas estaban obligadas a realizar dos horas de trabajo adicional cada día sin que se les abonara. Tras solicitar ayuda al sindicato, la situación se documentó en vídeo y se organizó una reunión con el patrón. La presión conjunta consiguió que la compañía reconociera la deuda acumulada y pagara 2.788,20 euros, además de abandonar la práctica de imponer jornadas de diez horas semanales. Este episodio se inserta en un panorama de creciente precariedad laboral en España. La tasa de emancipación de jóvenes entre 16 y 30 años es sólo del 18,2 %, y el 40 % de ellos no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año. El ingreso medio de los menores de treinta años ha caído un 1,5 % respecto a la década pasada, situándose en 10.156 €, mientras que el coste de la vida sigue en aumento. Un 22,9 % de la población vive en riesgo de exclusión social, cifra que supera el 57 % entre los migrantes. Además, el 20 % de los contratos activos son temporales y el desempleo juvenil alcanza el 40 %. Las consecuencias van más allá de lo económico: la presión y la inestabilidad generan problemas de salud mental. Según la ENSE, el 13,5 % de la población de bajos ingresos sufre alguna patología psíquica, frente al 5,8 % de los grupos más acomodados. La Organización Mundial de la Salud advierte que la depresión será la principal causa de discapacidad a partir de 2030, y el suicidio ya es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. El caso demuestra que, cuando los trabajadores se informan y se organizan, pueden contrarrestar prácticas abusivas y reclamar sus derechos. Es una muestra de la importancia de los sindicatos como herramienta de defensa en un contexto de incertidumbre laboral. Fuente: MASALA (Ciutat Vella) #TrabajoDigno #Precariedad #Sindicato
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