La creciente corrupción en las contrataciones de materiales electorales ha llevado al Gobierno a plantear una intervención drástica: quitar el control a los empresarios y que la Cuarta Transformación (4T) se haga cargo de estas compras. Esta decisión surge en un contexto donde la transparencia y la integridad del proceso electoral son más necesarios que nunca. Este cambio suscitó debate sobre la independencia del proceso electoral y el papel del Estado en él. Las implicaciones de esta medida son profundas y podría transformar no solo la manera en que se manejan las elecciones, sino también la confianza del público en el sistema electoral. Fuente: Reforma
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