La política de inmigración actual de España podría ser un suicidio económico. El gobierno ha regularizado a más de 1,1 millones de extranjeros, sin exigir contrato de trabajo. Este hecho se traduce en un problema para la economía, ya que un 35% de ellos no están afiliados a la Seguridad Social. En paralelo, el ingreso mínimo vital ha aumentado, con 155.611 titulares extranjeros, generando un gasto mensual que supera los 465 millones de euros. La situación crea una comparación injusta con los españoles que sí han contribuido a la economía. Para solucionar esta crisis, se proponen cambios drásticos, como vincular la regularización al empleo y el idioma. Las políticas actuales deben ser reevaluadas para evitar que el sistema beneficie a quienes no aportan. La experiencia de países como Suiza, que condicionan la residencia al trabajo, debiera ser un modelo a seguir. #Inmigración #Economía #IngresoMínimoVital #España #Política #Reformas Fuente: El Liberal
También lo cubren: The Objective.
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