En octubre de 2026 se desencadenaron amplias protestas en la India tras la decisión de la Comisión Electoral de suprimir más de 130 millones de inscripciones en el padrón electoral. Según datos de Reuters, alrededor de 28 millones de los registros fueron considerados fallecidos, 63 millones trasladados a otras jurisdicciones y 30 millones sin rastro. La autoridad sostiene que la depuración es necesaria para eliminar fichas obsoletas y mejorar la precisión del censo. Los partidos de la oposición y varias organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la falta de transparencia del proceso, advirtiendo que migrantes, sectores vulnerables y minorías religiosas podrían quedar excluidos del sufragio. Ante ello, se han interpuesto más de 3,8 millones de recursos ante los tribunales. De esos, la Comisión informó al Supremo que 2,72 millones de nombres fueron borrados durante la revisión estatal, mientras que 2,22 millones solicitaron su reincorporación y 1,61 millones pidieron nuevas eliminaciones. Sólo 1 607 votantes eliminados fueron restituidos a tiempo para las elecciones estatales de abril de 2026, y un tribunal de apelación aprobó 1 717 recursos entre principios y finales de abril, lo que generó dudas sobre la efectividad del sistema de recursos. El episodio se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la representación política y la independencia institucional, así como la frustración de los jóvenes ante la escasez de oportunidades educativas. La Comisión Electoral enfrenta críticas por su Revisión Intensiva Especial (SIR) y por limitaciones detectadas en su portal digital, lo que dificulta el seguimiento de los recursos. Expertos señalan que, sin pruebas fiables sobre la elegibilidad individual y los procedimientos de apelación, resulta complicado evaluar el impacto real de la depuración y garantizar que no se vulneren derechos fundamentales. Fuente: Atalayar #India #CensoElectoral #Democracia #DerechosDeVoto
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