El Gobierno ha entregado la documentación solicitada por el Alto Tribunal sobre los procesos de nacionalización de descendientes de españoles. Sin embargo, solo 901 de los 163.355 personas afectadas han acreditado ser descendientes del exilio y podrán votar. El Supremo ha establecido un plazo para que los ministros entreguen la información, y los magistrados han advertido que si no lo hacen se enfrentarán a responsabilidades penales y multas reiteradas. La Sala Tercera ha debido realizar apercibimientos a Bolaños y Albares debido a la falta de diligencia de la Administración en entregar el listado de afectados. El impacto potencial de 163.355 personas en las generales de 2023 sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones. Fuente: El Mundo.
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