En la madrugada del 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad, uno operado por Renfe y otro por la nueva compañía Iryo, colisionaron cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Según los servicios de emergencia, el saldo provisional supera los 30 fallecidos y supera los 80 lesionados, lo que lo convierte en el accidente ferroviario más grave que ha sufrido España desde la tragedia de Adamuz en enero, donde se registraron 46 muertos. Ese mismo mes, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, había asegurado en una rueda de prensa que la probabilidad de que se produjera otro siniestro era prácticamente nula, intentando transmitir tranquilidad a la ciudadanía. La catástrofe de Urda ha puesto en entredicho esas palabras y ha reavivado la polémica sobre la seguridad de la red de alta velocidad. Fuentes cercanas al sector técnico han señalado que el sistema de control automático LZB, que supervisa velocidad y posición de los trenes, venía presentando fallos en los días previos al accidente. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, ha culpado directamente al Gobierno y al ministro de Transportes por una gestión deficiente del mantenimiento, calificándolo de "vergonzoso". El debate sobre la responsabilidad política se intensifica, con acusaciones de incompetencia y de priorizar discursos en redes sociales sobre la seguridad real de la infraestructura. La sociedad exige respuestas claras y una revisión exhaustiva del sistema de señalización para evitar que una tragedia similar se repita. #Tren #SeguridadFerroviaria #ElDebate #España Fuente: El Debate
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