El desalojo de una familia con seis menores en el barrio de Sansomendi de Vitoria ha reabierto el debate sobre la gestión de las ayudas públicas y la vivienda. La unidad familiar recibía un total de 2.454,18 euros al mes a través de distintas prestaciones sociales, según los informes difundidos. El proceso judicial culminó el 23 de octubre, tras años de litigios derivados de la negativa de los inquilinos a devolver la propiedad al dueño, quien necesitaba el inmueble para su propia familia y se encontraba residiendo en una habitación alquilada junto a su esposa embarazada. Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gobernado por PSE-EE y PNV, se señaló que los afectados conocían la situación desde 2019 y que los servicios sociales determinaron que no existía una emergencia sobrevenida que justificara la entrega directa de una vivienda pública, ofreciendo alternativas de acogida provisional que fueron rechazadas. Fuente: Periodista Digital
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