El Gobierno mantiene las exigencias ambientales para los centros de datos pero ofrece una salida: cinco años de transición hasta 2031 a cambio de aceptar el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) gestionado por Red Eléctrica. Esto significa que los megacentros podrán funcionar con menos energía renovable en los próximos años, pero serán los primeros a desconectar en caso de crisis energética, sin recibir compensación económica alguna. El proyecto de real decreto fija en 10 megavatios el umbral mínimo y mantiene criterios estrictos de eficiencia hídrica y seguridad digital. El sector denuncia discriminación: mientras los centros de datos negocian salidas, la industria tradicional no recibe presión similar. Una negociación que refleja el peso político de las grandes corporativas tecnológicas frente a la pequeña y mediana empresa. Fuente: Rambla Libre #CentrosDatos #TransiciónEcológica #PolíticaEnergética #Soberanía #Desigualdad
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